Es relevante destacar que, aunque Pedro Báez está condenado a prisión efectiva, su situación legal se ha complicado aún más al no haber recurrido la queja interpuesta ante el Superior Tribunal de Justicia. Esto puede haberle dejado en una posición más vulnerable frente a las acusaciones.

La condena de Urribarri a 8 años de prisión por delitos de corrupción, junto con las condenas de otros funcionarios y particulares vinculados a contrataciones del Estado provincial durante su gestión, subraya la gravedad de las acusaciones en su contra. Los delitos van desde negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública hasta peculado.

El detalle de las cinco causas acumuladas por corrupción durante las gestiones de Urribarri proporciona una visión más completa de los presuntos delitos cometidos, que van desde contrataciones irregulares de medios de comunicación hasta la utilización de dinero público para promover la imagen política del exgobernador.

Es importante mencionar que la confirmación de las condenas por parte de la Cámara de Casación después de seis audiencias, indica que el sistema judicial argentino está respaldando las decisiones tomadas en primera instancia.

Las absoluciones de algunas personas acusadas en el megajuicio, así como la expropiación de las instalaciones de Juan Pablo Aguilera, muestran la complejidad y las implicaciones de este caso de corrupción a gran escala.

En resumen, el megajuicio por corrupción ha dejado a varios funcionarios y particulares en una situación legal complicada, con condenas firmes y solicitudes de medidas cautelares adicionales. Esto refleja la seriedad con la que se están tratando las acusaciones de corrupción en Argentina y la determinación de las autoridades para llevar a los responsables ante la justicia.