El abogado Mariano Navarro se encuentra una vez más en el centro de una controversia, esta vez acusado de suministrar cocaína a una cliente en la ciudad de Victoria.

Las alegaciones sugieren que Navarro habría utilizado su posición para proveer drogas a una mujer en una situación de vulnerabilidad, lo que ha provocado una reacción adversa en la comunidad y ha reactivado el debate sobre la integridad del sistema judicial.

Este incidente no solo afecta la reputación de Navarro, sino que también pone en tela de juicio a ciertos sectores del poder judicial de Victoria, acusados de actuar como cómplices en la protección del abogado. La inacción frente a las anteriores denuncias contra Navarro ha sido objeto de críticas intensas, y la reciente asignación del fiscal Martínez en Nuevo Exequiel ha exacerbado las sospechas de una "zona liberada" en la zona.

Martínez, quien tiene un historial de controversias relacionadas con el tráfico de drogas, ha sido cuestionado por su nombramiento.

Esta decisión ha levantado dudas sobre la posibilidad de una red de encubrimiento, con críticas provenientes tanto de organizaciones sociales como de líderes comunitarios que temen que esto pueda perpetuar la impunidad. Anteriormente, Navarro fue acusado en 2020 por un caso de narcotráfico, pero fue absuelto por falta de pruebas en lo que muchos consideraron una muestra de protección institucional.

La nueva denuncia contra él no solo resalta su comportamiento, sino que también revela posibles deficiencias y complicidades dentro del sistema judicial. La demanda por una intervención externa y una investigación transparente es  cada vez más fuerte.

La sociedad de Victoria y Nuevo Exequiel está vigilante, demandando respuestas y justicia en un ambiente marcado por la creciente percepción de impunidad. El caso de Navarro ha llegado a simbolizar las debilidades estructurales y la falta de accountability en la justicia local.

Esta denuncia pone en evidencia no solo la reputación del abogado, sino también la vulnerabilidad de un sistema judicial que, según las críticas, parece más inclinado a proteger a ciertos individuos que a asegurar la justicia y la transparencia.