"Esto es fruto del compromiso y del trabajo de todo el equipo de la Dirección, con la convicción de que diseñar políticas públicas es un proceso que nunca termina. Cada avance nos impulsa a seguir pensando cómo mejorar, ampliar la cobertura y llegar a más entrerrianos con respuestas acordes a sus necesidades. Ese camino se fortalece con el trabajo permanente y fluido junto a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y nuestra ministra. Sabemos que siempre queda mucho por hacer, y ese es nuestro compromiso: seguir trabajando para construir mejores respuestas desde el Estado", señaló Pablo Alasino, el funcionario a cargo del área.

A partir de esta definición, el programa integral de Seguridad Alimentaria - Riesgo Social incorpora nuevas situaciones y amplía los criterios para acceder a las prestaciones contempladas dentro de su esquema de complementos.

Entre los principales cambios, el bajo peso deja de estar limitado a las personas menores de 18 años y pasa a contemplarse sin límite de edad. Asimismo, se incorpora por primera vez a las personas con diagnóstico de diabetes tipo II, también sin límite etario.

Por otra parte, adecuándose a las directivas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se bajó la edad de acceso a las personas mayores, pudiendo ahora ser solicitada desde los 60 años, independientemente de que presenten bajo peso u otra condición nutricional.

De este modo, la prestación destinada a este grupo deja de estar asociada exclusivamente a una problemática nutricional y pasa a contemplar el criterio etario junto con la situación de vulnerabilidad social. En tanto, se mantiene la cobertura para niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años con sobrepeso u obesidad, como parte de las situaciones nutricionales contempladas por el programa.

El programa es una herramienta destinada a acompañar a personas y familias cuyos ingresos y condiciones de vida dificultan el acceso regular a alimentos suficientes y de calidad.

En ese marco, el esquema de complementos permite atender situaciones nutricionales y etarias específicas mediante una prestación destinada a favorecer el acceso a alimentos acordes con las necesidades de cada población.

La ampliación definida para el 2026 fortalece así una política de Estado que se desarrolla en la provincia y que, a partir de esta decisión de gestión, incorpora nuevos grupos destinatarios y modifica criterios de acceso para alcanzar a personas que anteriormente no estaban contempladas.