La gestión del intendente Francisco Azcué enfrenta su hora más oscura en los tribunales. Lo que comenzó como un rumor de pasillos sobre incompatibilidades administrativas se cristalizó este lunes en una denuncia penal por presunto fraude contra la administración pública.

La presentación, liderada por la seccional local de ATE junto a agrupaciones de jubilados, apunta directamente al corazón del gabinete municipal y pone en duda la ética de la "nueva política" que el mandatario prometió representar. 

El "Código 600": ¿Ingeniería contable o estafa al Estado? 

El núcleo de la denuncia radica en una presunta maniobra para esquivar las leyes previsionales de la provincia. Según el texto presentado en Tribunales, el municipio habría utilizado una estructura de nombramientos "ad honorem" para funcionarios que ya gozan de jubilaciones provinciales. Sin embargo, detrás de la fachada del trabajo gratuito, se habría ocultado el pago de retribuciones mediante el denominado “Código 600”. 

Este mecanismo permitiría a los funcionarios percibir adicionales no remunerativos -como gastos de representación- a través de recibos de sueldo, pero sin realizar los aportes correspondientes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Para los denunciantes, se trata de una "relación laboral encubierta" diseñada para que altos cargos políticos cobren "de los dos lados del mostrador". 

Los nombres bajo la lupa 

La Justicia tiene ahora una lista de funcionarios bajo observación. Entre los nombres más resonantes figuran: 

Carlos Gatto, Subsecretario de Educación y Cultura. 

Federico Schattenhofer, Secretario de Desarrollo Productivo. 

Nueve funcionarios en total fueron señalados originalmente por la Caja de Jubilaciones en una intimación previa que el municipio habría desoído. 

La situación es especialmente sensible tras el antecedente de Germán Margaritini, ex subsecretario de Salud, quien renunció a poco de asumir al detectar precisamente esta incompatibilidad, optando por preservar su jubilación y evitar problemas legales. Su salida dejó en evidencia que la gestión estaba al tanto de la irregularidad desde hace meses. 

Un discurso de austeridad en jaque 

Este escándalo estalla en el peor momento para Azcué. Mientras el intendente sostiene un discurso de "ordenamiento estatal" y mantiene un frente de conflicto abierto con los gremios por la revisión de la planta municipal, esta denuncia sugiere un trato de privilegio para su círculo íntimo. 

"Mientras se ajusta el cinturón del trabajador municipal común, se habría montado un esquema para que los funcionarios políticos eludan al sistema previsional", señalan desde los sectores que impulsan la denuncia. 

El frente judicial y el costo político 

La Caja de Jubilaciones ya comenzó a intimar a los beneficiarios para que regularicen su situación o devuelvan el dinero percibido indebidamente. Si la Justicia avanza, el municipio de Concordia no solo enfrentaría multas por evasión de aportes, sino que la figura de Azcué quedaría ligada a un esquema de corrupción administrativa difícil de explicar a una ciudadanía que atraviesa una crisis económica asfixiante. 

Con los Tribunales ya interviniendo, el intendente se queda sin margen de maniobra: deberá elegir entre sostener a sus funcionarios o soltarles la mano para intentar salvar la credibilidad de su gobierno.