Se trata de ajustes que alcanzan por igual a todas las jurisdicciones del país y que resultan necesarios para sostener el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.

En este marco regulatorio, la provincia ratifica su decisión de proteger a los hogares y sectores que necesitan acompañamiento. Por eso continúa aplicando un esfuerzo financiero propio que modera el impacto de las actualizaciones nacionales, con especial atención en las familias de menores ingresos y en actividades productivas estratégicas.

A través de la Secretaría de Energía de Entre Ríos, se mantienen vigentes:

El congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD).

El subsidio provincial al VAD para los hogares de menores ingresos (Nivel 2).

Los programas de acompañamiento tarifario: Tarifa Social, Tarifa para la Salud, Electrodependientes y los beneficios destinados a instituciones educativas, deportivas y sectores productivos -entre ellos el arrocero- y diversas industrias estratégicas.

Gracias a estas políticas provinciales, las familias entrerrianas, especialmente aquellas que atraviesan situaciones económicas más vulnerables, continúan accediendo a un esquema de protección diferencial que la Provincia sostiene con recursos propios.

En diciembre, el ajuste aplicado representa un incremento promedio del 1,4 por ciento para usuarios residenciales urbanos y alrededor del 1 por ciento para usuarios rurales. Estos valores se explican exclusivamente por la actualización nacional del precio de la energía mayorista.