
Judiciales y Policiales | 25/01
Conflicto legal
Demandan al municipio de Concordia e imputan conocido comerciante y ex concejal por perjudicar a 37 familias en la venta de un terreno
Son 37 las familias que adquirieron terrenos en el loteo denominado Cooperativa de Viviendas Las Tejas Joven Ltda, y por estos días se enfrentan a un conflicto legal y administrativo.

Esto se desencadenó cuando descubrieron que el propietario original, Julio Kovalski, reconocido comerciante del rubro calzado y exconcejal de la UCR durante la intendencia de Elvio Bordet (1987-1991), habría realizado una donación y constituido un usufructo gratuito vitalicio sobre dichos inmuebles, pese a haber celebrado previamente boletos de compraventa con los compradores y cobrado en cuotas por los terrenos con la intermediación de una reconocida inmobiliaria.
Kovalski está imputado por el delito de "Desbaratamiento de Derechos Acordados". Su esposa e hija están involucradas como partícipes necesarias. El comerciante sería llamado a indagatoria a mediados de febrero. Los damnificados también demandaron al municipio de Concordia.
El 10 de julio de 2014, 37 familias firmaron los boletos de compraventa con el comerciante del rubro calzados y ex concejal de la UCR, Julio Kovalski, quien en ese momento era titular de los terrenos ubicados en el barrio Las Tejas (inmueble identificado catastralmente como Chacra 21 C. Adela, Parcela 1, Partida Municipal 51863, Superficie: 30 Has., 11 As., 57 Cas.), frente a la empresa EGGER, unos 200 metros ingresando por la ruta de acceso a Benito Legerén, en Concordia.
En la oportunidad la Cooperativa asumió el compromiso de cumplir con la presentación de un proyecto de forestación en el predio, además de completar los proyectos de provisión de infraestructura básica –energía eléctrica, agua y servicio de red cloacal–, presentar autorización por escrito de parte del titular registral del predio autorizando la subdivisión, presentar la donación de las porciones de terreno correspondientes al trazado de calles y equipamiento público, y llevar a cabo las obras que involucraran el tratamiento del terreno. Cuestiones que requerían, además de las cuotas a pagar por el terreno, importantes erogaciones de dinero para avanzar en el proyecto prometido.
Debido a la sumatoria de gastos, algunos de los adquirentes lograron inscribir los boletos de compraventa en el Registro de la Propiedad Inmueble para dar mayor certeza a sus derechos sobre las parcelas, mientras que otros se retrasaron con dicho trámite. Sin embargo, este año, al intentar realizar la inscripción de los boletos pendientes, varios compradores se encontraron con la sorpresa de que no pudieron concretar la gestión.
Según un informe de dominio, Julio Kovalski había realizado una donación como anticipo de herencia a favor de Andrea Karina Kovalski, con inscripción definitiva en noviembre de 2023. Además, se constituyó un usufructo gratuito vitalicio, con derecho de acrecer, a favor de Kovalski y su esposa, Beatriz María García.
Esto significa que, a pesar de haber vendido los terrenos a las 37 familias mediante boletos de compraventa, el propietario original transfirió la titularidad del inmueble a otra persona y se reservó el usufructo, afectando de este modo los derechos adquiridos por los compradores.
Según se supo, se buscó una conciliación en sede judicial a finales del 2024 pero no hubo resultados positivos. Por esta situación planteada, el fiscal José Arias abrió la investigación e imputó a Julio Kovalski por el delito de “Desbaratamiento de Derechos Acordados” y a su hija y esposa como partícipes necesarias. Posiblemente en febrero, una vez terminada la feria judicial, se le tome declaración indagatoria al imputado. Antes hubo un segundo intento de conciliación, pero el ahora imputado designó como nuevo abogado al doctor Jorge Romero, lo que postergó los trámites judiciales.
“Nos encontramos en una situación de total incertidumbre. Hemos invertido dinero, esfuerzo y tiempo para adquirir estos terrenos y, ahora, enfrentamos un conflicto que nunca debió haber ocurrido. Solo queremos una solución justa”, manifestó uno de los denunciantes y vecinos afectados, Eduardo Echavillu.
La maniobra del comerciante y exconcejal Julio Kovalski se dio en medio de un proceso de avances y retrocesos en la tramitación de habilitaciones con el municipio de Concordia.
Echavillu, en carácter de secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa de Viviendas Las Tejas Joven Limitada y en representación de las 37 familias asociadas a la cooperativa, demandó además a la Municipalidad de Concordia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Concepción del Uruguay.
En dicha demanda, se describe que en 2013 la Cooperativa solicitó autorización para un loteo destinado a viviendas sociales (Expediente 1125705), que fue aprobado mediante la Resolución 8663/2013. Estas condiciones incluían obras de infraestructura básica (agua, luz, cloacas, entre otros).
Por motivos económicos de algunos asociados, los avances fueron lentos y no se cumplió el plazo inicial para completar las obras. En la demanda se aclaró que, al día de hoy, hay un 90 por ciento de avance en obras de agua y electricidad.
En 2018, el nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), introdujo una cláusula que declaraba caduca cualquier subdivisión autorizada si no se materializaban las obras de infraestructura en un plazo de dos años. La Municipalidad, tras una inspección en 2023, aplicó esta normativa, declarando la caducidad del proyecto mediante la Resolución 9486/2023, dejando sin efecto una resolución previa (5380/2023) que había renovado la vigencia del loteo.
Los vecinos de esta cooperativa precisan que existen otros loteos aprobados en zonas similares cercanas al Parque Industrial, lo que consideran un trato desigual, y que la decisión de caducidad contradice la seguridad jurídica y los derechos adquiridos por la Cooperativa con la Resolución 8663/2013.
En dicha demanda, solicitan que el municipio revise la resolución que declaró la caducidad del loteo y la intervención de la autoridad competente para aprobar el proyecto y permitir la construcción de las viviendas.
“Acá somos 37 familias que confiamos en las instituciones de la Municipalidad, confiamos en todos y nos dejaron desamparados. Desde la persona que nos vendió y que nos quiso estafar junto con la inmobiliaria, todos se quieren lavar las manos. Nadie quiere hacerse cargo del negocio que hicieron. Además la desidia de la Municipalidad de Concordia, que siempre nos demoró todos los trámites para la habilitación de servicios y las divisiones de los lotes que nosotros compramos, siempre torciendo a favor de los intereses de una empresa privada (N. del R.: La empresa privada en cuestión sería EGGER S.A.U., que estaría operando para que se respete el área de ´exclusión´ alrededor del Parque Industrial, que fue ampliada en las últimas reformas al Código de Ordenamiento Urbano Territorial”, dijo Echavillu.
“La cercanía de vecinos ya le ha traído más de un dolor de cabeza a la empresa en el pasado), que cuidar el derecho a la vivienda de 37 familias, de gente laburante que pagamos pesito por pesito nuestros terrenos e hicimos el esfuerzo de llevar la luz al lugar. Hay mucha plata invertida acá y lo único que pedimos es que la Municipalidad nos de la aprobación del loteo que ya pagamos y ya compramos”, finalizó Eduardo Echavillu.
